28 de enero de 2009
“La propuesta de reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas” fue el tema del último foro joven celebrado el pasado 28 de enero en la Fundación. Javier Hernández Pascual, responsable del área de economía de la salud para la subdirección general de estudios presupuestarios y gasto público del Instituto de Estudios Fiscales, expuso el tema desde la perspectiva de la financiación de la sanidad.
Al comienzo de su exposición, el ponente resaltó la importancia del tema considerando la financiación como la clave de la política territorial. En su opinión, el actual proceso político conlleva una mayor asignación de competencias a las Comunidades Autónomas. Tras la ley del 2001, que rige el actual sistema de financiación de las CC. AA, se produjo un cambio importante al incrementarse el grado de autonomía financiera, gracias al porcentaje de los ingresos por tributos propios en el gasto total. De igual modo, el Sistema de financiación regulado se produjo la cesión a las CCAA de una parte del rendimiento de los impuestos indirectos sobre el consumo: el IVA y los Impuestos Especiales.
Sin embargo, la propuesta de la nueva ley incorpora aspectos importantes a tener en cuenta como el factor “población”, entre otros. El incremento de la población de forma heterogénea entre las Comunidades Autónomas (debido, fundamentalmente, a la inmigración), así como otros factores vinculados a la prestación pública de la sanidad, entre otras razones, han hecho que se plantee la revisión y actualización de lo acontecido durante los años de vigencia del sistema actual.
Por último, el ponente hizo referencia a varios fondos que se encuentran especificados en la nueva ley. El más importante de ellos es el de: 1) Fondo de Nivelación. Es necesario nivelar todos los gastos siempre hacia arriba, nunca a la baja. Revisar las necesidades de cada comunidad con el fin de saber exactamente los gastos que ésta genera; 2) Fondo de Convergencia regional para compensar la pérdida de población y de dinero. 3) Fondo de eficiencia que garantiza el gasto que generan los servicios públicos mínimos.
En el debate surgieron cuestiones sobre la igualdad de las Comunidades, la incidencia del Estatuto de Cataluña y la negociación bilateral en el proceso de reforma, la debilidad que supone el sistema de transferencias financieras, frente a las competencias político-administrativas ya asumidas por las CC.AA. En general, concluía el ponente, este Estado Autonómico es el que nos hemos dado los españoles y la propuesta de reforma es necesaria y previsiblemente adecuada para atender las necesidades y transformaciones del sistema en la actualidad.