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Jornada: Reflexiones en voz alta sobre los actuales problemas de la Justicia en España".

21 de mayo de 2009

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La Administración de Justicia, tal como se encuentra configurada en estos momentos, resulta insuficiente para atender las necesidades de la sociedad a la que va dirigida. La situación de la justicia no es nueva como tampoco lo son las reclamaciones que se han venido realizando a los poderes públicos para remediarla. Las respuestas que se han dado no han sido más que meros parches y remedios coyunturales que no resuelven el problema. A la tradicional escasez de medios personales y materiales se une la antigüedad de las normas procesales que resultan inadecuadas e insuficientes para desempeñar con eficacia la función de administrar justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. A todo ello debe unirse la falta de aprecio institucional por la labor de los Jueces y Magistrados que desempeñan sus funciones en condiciones verdaderamente precarias.

Todo ello quedaba de manifiesto en una jornada organizada el pasado 21 de mayo por la Fundación Ciudadanía y Valores y la Sección Territorial de Madrid de la Asociación Profesional de la Magistratura, bajo el título REFLEXIONES SOBRE LOS ACTUALES PROBLEMAS DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA en la que intervinieron Jueces, Magistrados y otros profesionales del Derecho.

Los problemas de la Administración de Justicia, que deben ser resueltos con urgencia para conseguir que la JUSTICIA y el PODER JUDICIAL den la respuesta adecuada que reclaman los ciudadanos en la Sociedad del Siglo XXI, se pueden centrar básicamente en los siguientes:

• La insuficiencia de órganos judiciales y la necesidad de especialización de los mismos, siendo necesaria la reestructuración de la Planta y Demarcación Judicial. Reclamando la efectiva, necesaria y urgente adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo real de los Juzgados y Tribunales

• La escasa inversión en la Administración de Justicia, proponiendo el incremento de la misma de acuerdo con la media Europea, pasando del 1% actual al 3,5% en un plazo máximo de 5 años.

• Los ridículos e insuficientes recursos personales, materiales y técnicos; proponiendo una dotación y asignación eficiente de los necesarios recursos para el desempeño de la función jurisdiccional y funcionamiento de la Administración de Justicia. Debiendo implantar las nuevas tecnologías al quehacer diario de los Juzgados, para mejorar la gestión interna de los mismos y facilitar su relación con los ciudadanos y el resto de los operadores jurídicos.

• El retraso en la implantación de la oficina judicial; proponiéndose el definitivo y completo desarrollo de la OFICINA JUDICIAL con fecha limite de 1 de Enero de 2010, delimitando claramente las funciones y responsabilidades que corresponden a los Jueces y Magistrados y a los Secretarios Judiciales. Debiéndose impulsar la tramitación parlamentaria de las reformas procesales necesarias para su implantación. Quince leyes procesales son la que se deben modificar como paso previo para la implantación de la nueva Oficina Judicial que nos permita superar la que en la actualidad se  revela ineficaz para una administración de justicia ágil y de calidad.

• Y, por último, y no por ello menos importante, falta de la adecuada coordinación entre los distintos intervinientes en la Administración de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, debiendo aumentar el diálogo, consenso y ejecución de planes de actuación conjunta.

Para escuchar las intervenciones, pinche aquí