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Reunión de expertos: el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual

01 de octubre de 2009

La Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), organizó el pasado 1 de octubre una jornada de expertos para debatir sobre “El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual”, una norma que ha generado gran controversia y un amplio debate desde su planteamiento por parte del Gobierno.

Profesionales del sector de la comunicación audiovisual pertenecientes a distintos organismos y empresas, se reunieron para realizar una reflexión serena sobre la nueva legislación en materia de comunicación audiovisual y abordar desde diferentes puntos de vista los cambios que esta implicaría.

Durante la reunión se plantearon distintas preguntas: ¿Tiene sentido hacer un proyecto legislativo? ¿Es necesaria una Ley? ¿Esta Ley? La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual no termina de convencer  a la mayoría de los sectores implicados: televisiones, telecomunicaciones, empresas multimedia, etc., que ven en esta nueva propuesta, una ley que aglutina a todas las legislaciones anteriores,  sin abordar el futuro de forma práctica teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que cambiarán de aquí a cinco años. Así lo manifestaron la mayoría de los asistentes.

La jornada contó con la presencia de Andrés Ollero, Presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores y Catedrático de Fª del Derecho de la URJC; José Mª Román, Director General de la Fundación Ciudadanía y Valores; Ramón Pradera, en calidad de ponente principal, Director de Estudios de Telemadrid; Jesús Banegas, Presidente de AETIC; Alfonso Vicente Castillo, Consultor Externo de Telefónica Internacional; Jorge del Corral, Secretario General de Uteca; Ubaldo Cuesta, Catedrático de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid; Manuel Echánove, Director de Negocio Multimedia y Marca de Telefónica; Eduardo García Matilla,  Presidente de la Corporación Multimedia S.A.; Fernando González Urbaneja, Periodista y Presidente de las Asociación de la Prensa de Madrid; Enrique Laucirica, Secretario General de Forta; Rosario Martín de Cabiedes, Presidenta de Europa Press; Ignacio Sánchez Cámara, Periodista y Catedrático de Fª del Derecho de la Universidad de La Coruña e Isidro Sánchez Crespo, Director General de Musicam.

La Ley por tanto, es una ley incompleta que no contempla  muchos de los fenómenos de comunicación audiovisual, desde internet a la TV PC y nuevas plataformas P2P, ya se considera una Ley obsoleta. “Es una ley retrovisor: mira al pasado no mira al futuro, tampoco  da soluciones a los problemas de las televisiones generalistas”,  afirmaba Eduardo García Matilla, presidente de Corporación Multimedia. En este sentido, Ramón Pradera, Jefe de Estudios y Estrategia de Telemadrid,  explicó que esta Ley no va a cambiar de forma significativa el panorama audiovisual, salvo los intereses muy concretos,  los cambios de futuro vendrán por las transformaciones tecnológicas y no por virtualidad de esta Ley.

El presidente de AETIC,  Jesús Banegas, insistió que uno de los problemas que afectan a este país es el exceso y sobrecarga de regulación, que pesa enormemente sobre el normal funcionamiento de las empresas. En esta misma línea, según Manuel Echánove, Director del Negocio Multimedia y Marca de Telefónica, esta Ley implica un cambio de modelo de negocio de telecos, etc. y supone un castigo para las telecomunicaciones, no sólo por el cánon de financiación de la televisión pública.

Otros de los temas que se abordaron en el debate fueron  la necesidad o no  de la existencia de una Televisión Pública. Rosario Martín Cabiedes, presidenta de Europa Press, argumentó que al igual que no existen medios públicos en los otros ámbitos de comunicación, por qué ha de haberlo en la televisión. En este sentido,  Jorge del Corral, Secretario General de UTECA,  menos reacio a esta Ley, se mostró partidario de seguir un modelo inglés, donde se combina el canon para la BBC con la existencia de canales de titularidad pública sin recibir ninguna ayuda financiera pública, operando estrictamente según las leyes del mercado. En su opinión, con esta nueva Ley nos homologamos con el resto de la UE.

Uno  de los puntos más controvertidos fue la supresión de la publicidad en las televisiones públicas. Enrique Laucirica, Secretario General de FORTA, defendió el uso de criterios diferenciales en virtud de su especificidad, distinguiendo entre las autonómicas y las generales.  Por su parte, Ubaldo Cuesta apuntó que “la ausencia de publicidad no garantiza que sea una televisión de calidad”. Cuesta reclamó la necesidad de cultivar a las audiencias paulatinamente como uno de los pasos previos para la mejora de la gestión de la comunicación audiovisual, mediante la oferta de contenidos de mayor categoría. En este punto se planteó la teoría de que la demanda de contenidos por parte de los espectadores marca la programación de las cadenas, a lo que Jesús Banegas añadió que “la responsabilidad de los contenidos hay que centrarla en la oferta y no en la demanda”.

Asimismo, se cuestionó la función social de la televisión que hoy en día, parece ser más destructiva que constructiva, subrayando la vulnerabilidad de las audiencias menores de edad. En este punto, todos los integrantes de la mesa han coincidido en la necesidad de colaborar con herramientas adecuadas que sirvan para controlar los contenidos audiovisuales y evitar que los menores puedan tener acceso a aquellos que sean impropios. Manuel Echánove afirmó que “se invierte más en proteger el ordenador, que en proteger al menor”.

De igual modo, se hizo referencia al  artículo 39 del Proyecto de Ley. José María Román, director de la Fundación Ciudadanía y Valores, mostró su preocupación al interpretarse que la defensa de los valores constitucionales, el pluralismo, etc.,  son valores que sólo afectan al Estado y no las entidades privadas, por su incapacidad de comprometerse con ellos. Yendo aún más lejos, todo ello implica una cierta idea peyorativa de la sociedad civil y un peligro para la convivencia y valores democráticos si se diera por válido ese concepto. En su opinión, habría que redefinir  ese artículo para atribuir a la Televisión Púbica otras características específicas, distintas de las que tienen que defender todos los ciudadanos y todas las empresas.

Por último,  algunos asistentes mostraron sus dudas de que España llegue a tiempo para incorporar la nueva directiva de la UE sobre la televisión general  2007/65 a su legislación antes de finalizar 2009. Asimismo, Ramón Pradera dudó sobre el cumplimiento del apagón analógico previsto para abril de 2010.

Algunas de las conclusiones alcanzadas durante el debate fueron:

− la necesidad de un órgano regulador autónomo, capaz de sancionar prácticas inadecuadas
− la falta de una norma que mire hacia el futuro y que no dependa de intereses partidistas y/o comerciales
− la voluntad de mejorar la calidad de la televisión y de contribuir a la educación de las audiencias