29 de octubre de 2009
La Delegación de Funciva en Barcelona, organizó el pasado día 29 de octubre su primera sesión bajo el título “Más consultas populares, ¿más democracia?”, con el propósito de analizar la incidencia de la participación ciudadana en el ámbito público.
La sesión contó con Josep Mª Castellà, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, como ponente; Francisca Pérez Madrid, delegada de Funciva en Barcelona y Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la misma Universidad; así como una quincena de jóvenes profesionales interesados en el análisis de la crisis democrática que atraviesa la sociedad en estos momentos.
El ponente expuso su preocupación por el panorama político-institucional actual en el que gran parte de la sociedad siente desapego tanto por la clase política, como por las instituciones. Sostuvo como elementos clave de esta situación, el hecho de que la sociedad se encuentre ante un problema de difícil diagnóstico, y que éste pretenda ser resuelto con antídotos de épocas anteriores en las que hubo una eclosión de participación democrática. Ante problemas actuales, no caben soluciones antiguas; ante incógnitas del siglo XXI no caben respuestas de mayo del ’68; pero la solución tiene un nombre y es la política, que agrupa remedios para todos los problemas de la sociedad ya sean políticos, económicos, sociales o institucionales.
Ante esa situación, las consultas populares pretenden ser una regeneración del sistema jurídico-político; no obstante, actualmente los países del primer mundo se inclinan por un sistema de democracia representativa frente a un sistema de democracia directa que tiene una tímida cabida dentro del sistema mayoritario a excepción de países como Suiza. Sin embargo, ese aspecto democratizante de las consultas populares puede ser puesto en entredicho, dado su marcado carácter político-consultivo que deja poco margen a la interacción entre el ciudadano y el ámbito público. No obstante, toda acción destinada a una mayor participación social en el marco de un Estado democrático, debe ser una actuación ajustada al Derecho.
La necesidad de que la ciudadanía contribuya en la vida pública debe ir necesariamente asociada al hecho de que la clase política piense en proyectos de futuro más allá de su mandato, construyendo así una sociedad en la que el ciudadano vea en su participación un resultado palpable, sólo así se logrará que la sociedad tenga interés por lo público, ámbito del cual también ella forma parte.