Mejorar la democracia: la reforma de las instituciones y la lucha contra la corrupción

La Fundación Ciudadanía y Valores celebró una jornada de expertos bajo el título “Mejorar la democracia: la reforma de las instituciones y la lucha contra la corrupción”, que contó con Javier Tajadura, catedrático acreditado de Derecho Constitucional y autor del informe Diez propuestas para la mejora de la democracia, como ponente.

Entre los asistentes a la jornada, que tuvo lugar en la sede administrativa del grupo educativo UNIR: José Mª Román, director general de Funciva; Ignacio Astarloa. Presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid; Alberto Ruiz-Gallardón. Consejero del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid; Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE; Andrés Herzog, Secretario General de UPyD en el Congreso; Salvador Sánchez- Terán. Presidente de la Plataforma de la Sociedad Civil G2020; Pilar Cortés. Diputada del PP de la Comisión Constitucional; Miguel Córdoba, economista; Elviro Aranda, Profesor de derecho constitucional de la URJC; los analistas políticos: Fernando Jáuregui, Charo Zarzalejos y Rodrigo Gutiérrez, Miguel Arrufat yMariano Vivancos, consejero delegado y secretario general respectivamente de UNIR o Mª José Rodríguez, presidenta de Principios.

Durante su intervención, el ponente hizo referencia a la importante desafección política que sufren los ciudadanos ante el actual contexto de crisis económica, agravado por razones políticas derivadas de los casos de corrupción. Ninguna democracia constitucional puede sobrevivir sin la existencia de una serie de poderes o instituciones independientes –del Gobierno y de los partidos políticos- , y en España, esa independencia no está hoy por hoy garantizada. Ninguna democracia puede mantenerse sin la confianza ciudadana en las instituciones, y en España, esa confianza está hoy muy erosionada.

En su opinión, es posible y necesario emprender un proceso de renovación política –de reforma de las instituciones- que conduzca a una reforma amplia de la Constitución de 1978 que debe contar con el respaldo de la mayor parte de las fuerzas políticas. Respetando los pilares básicos de la Constitución del 78, la Monarquía Parlamentaria y el Estado Social y Democrático de Derecho-, la reforma constitucional debería servir para corregir aquellos defectos de diseño y funcionamiento que la experiencia y el paso del tiempo han revelado como causantes de corrupción, oligarquización de los partidos, falta de independencia de los órganos de control, etc.

La mejora de la calidad de la democracia española –y su propia supervivencia- requieren, por un lado, garantizar la independencia de instituciones fundamentales y nucleares del Estado Constitucional de Derecho y por otro, crear igualmente una serie de órganos o instituciones, configurados también como independientes de los partidos (y del Gobierno), para llevar a cabo tareas de control desde la más absoluta neutralidad: desde una Autoridad Fiscal verdaderamente independiente hasta una Agencia de Transparencia igualmente autónoma.

Entre sus propuestas, Tajadura aboga por una reforma profunda del Consejo General del Poder Judicial que en su opinión, no garantiza eficazmente la independencia judicial, debido a su política de nombramientos de magistrados de altos tribunales que la opinión pública percibe motivada más por razones de afinidad política partidista que de mérito y capacidad. La composición actual del Consejo certifica el asalto de los partidos políticos a la Justicia.

El aforamiento de muchos políticos imputados dificulta y ralentiza los procesos, y sobre todo determina que sean juzgados por miembros de Tribunales cuya composición son los propios partidos los que (a través del CGPJ) determinan; como en otros casos los delitos prescriben en un plazo de tiempo muy breve; como, finalmente, en ocasiones, los condenados por corrupción son indultados.

Para resolver esta situación, en el ámbito autonómico, el aforamiento debiera desaparecer por completo, mientras que el fuero especial ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debería limitarse al máximo: para el Presidente del Gobierno, para el Presidente de las Cortes, para los presidentes de los Tribunales Supremo y Constitucional y para el Príncipe de Asturias (y también al Rey que abdica). A este respecto, no todos los asistentes estuvieron de acuerdo.

Durante el debate, la mayoría de los asistentes coincidieron en que la Constitución del 78 fue un éxito histórico y la democracia funciona porque es buena, sin embargo, con el paso del tiempo, hay que corregir algunos puntos de la misma.

Respecto a los nombramientos de los miembros del CGPJ, Ruíz Gallardón recordó que no se le puede negar la legitimación a los ciudadanos, el único titular del poder es el pueblo español, según queda establecido en el artículo 1 de la Constitución. En este sentido, los poderes pertenecen al pueblo y debe ser éste el que democráticamente elija todos sus órganos de gobierno y de representación.

Lo que han hecho los partidos en muchos aspectos ha sido un error, pero buscar la solución en un retorno a un sistema donde no todos los ciudadanos a través de sus representantes, sino que sólo aquellos ciudadanos que por oposición han adquirido determinado título, jueces y magistrados, elijan el gobierno del poder judicial, es un error. No deben de ser los funcionarios los que elijan a los miembros de ningún poder del estado.

En opinión de Astarloa, no habrá una democracia mejor con los aforamientos e indultos y sí destacó otros como los grandes problemas: el poder judicial no está funcionando, el tiempo en resolver es muy largo; hay que acabar con la partitocracia. El parlamentario individual ha desaparecido, el grupo decide todo; reformar el sistema electoral y la más necesaria: la organización territorial. La reforma constitucional es para hacer más estado no para dar más poder a los nacionalismos…

En opinión del eurodiputado del PSOE, López Aguilar, la democracia está deteriorada y el sistema en mal estado. Añadió que existen errores en la Constitución y que salvo el título preliminar todo puede ser reformado. Resaltó que la Constitución no articula el estado de las autonomías.

Entre las reformas más necesarias destacó: el aumentar la proporcionalidad en el sistema electoral, la apertura de las listas electorales, la reforma de los reglamentos parlamentarios.

En cuanto al aforamiento, explicó que la ley tiene una razón de ser y que el indulto tiene sentido, es la ley más antigua.

Elviro Aranda recordó que las constituciones tienen vocación de permanencia pero deben ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos por lo que es viable la reforma de la Constitución española. El experto insistió en que existen problemas institucionales graves que para ser resueltos hacen falta lealtad y política a lo grande.

El Secretario General de UPyD, Andrés Herzog, coincidió con el ponente en que habría que suprimir el aforamiento que actualmente beneficia a algunos cargos públicos que son juzgados con una clara cercanía. Existe una desafección de suprimir el aforamiento, pero es necesario.

Respecto a todo lo anterior, la diputada del PP, Pilar Cortés, resaltó que si bien puede ser necesario reformar la constitución en algunos puntos, es fundamental tener claro en qué y cómo hacerlo, no se trata de reformar porque sí, sino sabiendo bien lo que se hace.

Por último, Mariano Vivancos resaltó la evidente desafección del ciudadano provocada por el descrédito institucional. Recordó que se han tomado muchas medidas para la regeneración democrática que se han vinculado a la corrupción y otras que tienen su origen en el ámbito institucional.

 

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