La política social de Ciudadanos: contrato único y complemento salarial garantizado

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Alberto Reyero Zubiri, portavoz de Políticas Sociales de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, expuso anoche en la sede de la Fundación FUNCIVA las propuestas de su formación política en el ámbito del que él es experto. Comenzó con una frase lapidaria: No somos fundamentalistas, para dar a entender que Ciudadanos no parte de posiciones inamovibles y aspira a los consensos. A continuación, desarrolló sus propuestas.

Distanciándose del Partido Popular, Reyero sostuvo que el crecimiento económico y de empleo es necesario pero no suficiente para proteger a las personas más vulnerables y hacer de España una sociedad más inclusiva. Lo de crear empleo para superarlo todo era una verdad a medias. Había que desarrollar necesariamente unas políticas sociales con capacidad redistributiva que permitieran lograr una mayor cohesión social y equidad.

Propuso reorientar el modelo productivo español apostando decididamente por la innovación y el conocimiento, a la vez que una mejor regulación que favoreciera el aumento de tamaño de las PYMES españolas y su competitividad, medidas de reactivación del sector industrial y una reforma integral de nuestro sistema fiscal.

El mercado laboral actual se caracterizaba, afirmó, por la dualidad, la precariedad, los reducidos salarios y la elevada rotación. Ciudadanos opta por el contrato único, que elimine el muro insalvable entre contratos indefinidos y temporales. Para ello, los nuevos contratos serán indefinidos con indemnizaciones por despido creciente, que aumentarán a medida que permanezcan más tiempo en la empresa. Según Reyero, esta propuesta permite eliminar la dualidad sin disminuir la protección media de los trabajadores. Propuso un complemento salarial garantizado que sirva de compensación a los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficien los trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios. Los tramos y los niveles de este complemento se diseñarían en función de la situación familiar y de la renta laboral. También había que reformar el sistema educativo para convertirlo en un verdadero garante de la igualdad de oportunidades. Consideraba imprescindible un gran acuerdo que se materializara en un Pacto nacional por la Educación.

Por lo que se refiere en concreto a los servicios sociales, mencionó su inclusión al máximo nivel constitucional dentro del título I de la Constitución española, dotados de garantía presupuestaria mediante ley. Menos claro, puesto que no estaban hechos los números hasta ese punto, es de dónde saldría la dotación presupuestaria. Del mismo modo, Ciudadanos busca una alternativa a la reforma de la administración local, que proporcione un sistema de servicios sociales basado en dos niveles: atención básica en los municipios y atención especializada en las comunidades autónomas.

Sobre la Ley 39/2006, de Dependencia, aprobada en la época del Gobierno de Zapatero, sostuvo que había sido un gran paso, pero se quedaba corta: por el endeble modelo de financiación y por el peso excesivo de las prestaciones económicas respecto de los servicios. Esos eran los aspectos que había que subsanar, entre otras medidas, por medio de una Estrategia Nacional de Coordinación Sociosanitaria.

Dentro del capítulo de ayuda a la infancia y a la familia, y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, se mostró partidario de incrementar la inversión pública en políticas de protección social a la infancia, equiparar las ayudas de las familias monoparentales a las que reciben las familias numerosas y la custodia compartida por el interés superior del menor. Puesto que el índice de riesgo de pobreza y exclusión era en 2013 el 29,2% del total de la población española, insistió en que había que introducir el mencionado complemento salarial anual garantizado que complemente, vía IRPF, los ingresos laborales de los hogares.

Entre las precisiones, en el turno de debate, de algunos de los oyentes, destacaron los comentarios de María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud de La Rioja, y de Carmen Pombo Morales, directora de la Fundación Fernando Pombo. Martín Díez de Baldeón opinó que no había que fijarse tanto en quién actuaba (público-privado), sino en quién obtenía los mejores resultados y también en el papel de la familia. Según datos de su comunidad, los desequilibrios psíquicos en alarmente aumento se debían sobre todo a la ruptura de los vínculos familiares. Pombo Morales subrayó la importancia de la sostenibilidad económica del Tercer Sector y del emprendimiento social, y para ello el papel del incentivo fiscal.

La sesión estuvo moderada por Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de FUNCIVA y del Consejo Social de UNIR.

José Grau

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