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La Fundación Ciudadanía y Valores ofrece  varias recomendaciones para la reforma y funcionamiento de los órganos, reguladores a las que han contribuido cualificados expertos de diferentes partidos  políticos –PP, PSOE, CiU y PNV- esperando poder contribuir al debate, aportar unas ideas no partidistas y ayudar positivamente a la toma de decisiones que el actual momento político e histórico reclaman.

 

La crisis económica global  ha provocado el replanteamiento del funcionamiento del sistema económico y de sus instituciones.

Largas deliberaciones  y reuniones internacionales han tratado de tomar medidas para salvar la economía, a la vez que identificar las causas y promover soluciones. Ha habido cierto consenso en que un elemento clave de la crisis ha sido el fallo de los reguladores y supervisores. No han sabido prever ni ejercitar sus funciones con acierto ni responsabilidad suficientes.

Se ha producido un cierto clamor para pedir la revisión de la regulación, de los órganos reguladores. Se ha promovido la creación de nuevos organismos nacionales e internacionales, etc. Estos clamores han llegado a España, donde la atmósfera ya estaba viciada por una desconfianza general en la opinión pública por su actuación y por ciertas grandes operaciones que han hecho dudar de su independencia y objetividad. El hecho es que la propia Ley de Economía Sostenible, que pronto va a comenzar a debatirse en el Congreso, dedica varios artículos y en concreto el capítulo 2 a los órganos reguladores.

La Fundación Ciudadanía y Valores en su objetivo de contribuir como think tank independiente y plural, formada por personas de distintos partidos políticos y profesionales procedentes de diferentes ámbitos profesionales, sociales y territoriales, ha propiciado una reflexión sobre este punto, clave para la marcha del sistema económico y democrático en definitiva, y ha propiciado reuniones de expertos.

El carácter constructivo se manifiesta en que no son recomendaciones contra la Ley o contra alguna posición. De hecho, algunas de las recomendaciones de alguna manera se encuentran también recogidas en el proyecto de Ley que estos días entrará en el Congreso de los Diputados.

Las recomendaciones parten de un presupuesto fundamental: hay aspectos formales e institucionales, por un lado, y aspectos que hacen relación al contenido, por otro. Si no se avanza en los dos, la reforma se quedará coja, se convertirá en ineficiente y se habrá conseguido sólo una apariencia formal de independencia.

Por eso se proponen recomendaciones institucionales: en cuanto al modo de elección, duración del cargo, etc. al régimen jurídico, y al desarrollo de la potestad normativa del regulador.

 

RECOMENDACIONES

 

1.  Establecer la comparecencia de los rectores del ente regulador ante la correspondiente comisión del Congreso.

2.  Conceder a las Cortes Generales (a través de una Subcomisión mixta Congreso-Senado) poder no sólo para conocer la idoneidad de los candidatos propuestos, sino para rechazar la propuesta. Informarán regularmente a las Cortes Generales

3.  Los nombramientos se harán cada vez por sólo una parte de los Consejeros. con duración distinta de los períodos electorales. El período del mandato será de 6 años para cada consejero. Tendrán carácter  no renovable.

Composición

4.  Para dar cumplimiento adecuado al principio de participación democrática, se deberá institucionalizar el procedimiento negociado con las organizaciones de usuarios y consumidores en todos aquellos procedimientos  en los que sean afectados. También se establecerá un papel bien definido a las consultas con las CCAA.

Independencia

5. Eliminar, tal como recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el recurso administrativo, donde exista esa posibilidad, ante el Ministro correspondiente. Esto promoverá mayor independencia y evitará aún la apariencia de una dependencia jerárquica además de proporcionar mayor seguridad jurídica.

Atribuciones

6. Legitimar al ente regulador la capacidad para impugnar acuerdos o medidas que, al menos claramente, distorsionen la sana competencia o el normal funcionamiento del mercado y las instituciones.

7. Ampliar la capacidad normativa del regulador en todos los ámbitos de su competencia evitando la dualidad de poderes entre el regulador y el Ministerio competente.