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Para el diputado y portavoz de CiU en la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores en el Congreso, Jordi Xuclá, ponente de un panel de expertos celebrado en la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva),  la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, ha supuesto un importante avance en el control parlamentario de la política militar de España en el exterior, pero falta de un procedimiento común en la autorización y el control parlamentario de las misiones del Ejército en el exterior. “En los últimos años se ha producido una innegable mayor implicación del Parlamento español en los asuntos de Exteriores y Defensa”, ha señalado el diputado convergente.

Jordi Xuclá recordó que antes de la promulgación y entrada en vigor de esta Ley Orgánica “las decisiones acerca de la política militar exterior estaban sujetas al arbitrio del Ejecutivo”, sin control por parte del Parlamento. De hecho, durante el debate celebrado en la Comisión de Defensa el día 28 de junio de 2005, el diputado Joan Puig señalaba que con la nueva ley confiaba en que no se volvieran a producir situaciones como la de la guerra de Irak, en la que el Gobierno, sin autorización del Parlamento, envió una fuerza militar al extranjero. El cambio de Gobierno en el año 2004 supuso un cambio de actitud política, pero el nuevo Ejecutivo convivió durante un tiempo con la reglamentación entonces vigente y se valió de ella. Así, “la decisión de retirar las tropas de Irak se llevó a cabo de forma unilateral por parte del Gobierno, sin ninguna participación o votación ‘ex ante’ de las Cortes. Para compensar este extremo, todos los Grupos Parlamentarios a excepción del PP acordaron una Proposición No de Ley apoyando la decisión del Ejecutivo”.

Sin embargo, “la falta de desarrollo procesal reglamentario de las disposiciones de la Ley, provocó que las distintas consultas previas y autorizaciones se hayan llevado a cabo sin un procedimiento uniforme”. Esta “disparidad procedimental”, ocurrida durante la VIII Legislatura, no se corrigió en la presente, y por ello, Xuclá ha propuesto “la adopción de un Acuerdo de la Mesa que regule un procedimiento común de autorización y control”.

Este procedimiento podría recoger, por un lado, una “definición de la Comisión competente para ejercer la autorización y control”, al igual que una “definición de la información que el Ministerio de Defensa debe trasladar al Parlamento con carácter previo al debate y votación para conformar la opinión de los parlamentarios y los grupos”. Debería considerar también “la posibilidad de celebrar audiencias previas de carácter técnico-militar, con responsables militares de las Misiones en el exterior, que ilustren a los miembros de la Comisión competente”.

Asimismo, el ponente propuso que el nuevo procedimiento valore “la posibilidad de informar, al ser posible con carácter reservado, el coste de la Misión a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Defensa o a los integrantes de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados”. Otra propuesta sería ver qué opciones hay de “establecer un grupo de parlamentarios de la Comisión de Defensa a los que se les delegue la función de seguimiento de las misiones en el exterior en contacto con el Ministerio de Defensa”. Por último, ha destacado que sería positivo “celebrar un debate de información y balance al finalizar el plazo de la Misión en el exterior”.

Unión Europea y OTAN

Por otro lado, indicó que en los Estados miembros de instituciones como la Unión Europea o la OTAN, “la decisión sobre el uso de la fuerza no puede adoptarse autónomamente a nivel interno”, y es que “a medida que las decisiones militares incumben a cuerpos internacionales, deviene cada vez más difícil a los Parlamentos nacionales desplegar su poder de control”. Finalmente, expuso una hipótesis denominada “hipótesis colonial”, según la cual “aquellos países que durante la etapa colonial impulsaron conquistas militares en un contexto de desarrollo económico, se hallan más habituados a que sus respectivos gobiernos decidan en temas de defensa”. De este modo, países como Francia o Reino Unido, con una importante tradición colonialista, “cuentan con bajos controles parlamentarios de sus misiones militares”.

La jornada contó con la presencia de profesionales de distintos ámbitos que debatieron las diferentes posturas sobre el tema a tratar. Entre los asistentes se encontraban: Carlos Moreiro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, el Coronel Emilio Sánchez de Rojas, Jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales, Juan Diez Nicolás, Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Ayllón, periodista de ABC, el Contralmirante Buenaventura López Rodríguez, Jefe de Estudios CESEDEN, Teniente Coronel Francisco Javier Fiol Gómez, Departamento de Operaciones en la Escuela de las Fuerzas Armadas (ESFAS), Jorge Salaverry, ex embajador de Nicaragua en España y José María Román, director general de la Fundación Ciudadanía y Valores.

Carlos Moreiro manifestó que “el permiso del parlamento en cuanto a las misiones en el exterior es innecesario, ya que influye negativamente en la efectividad de dichas misiones, restando resolución y agilidad a las decisiones tomadas por el gobierno, que en ocasiones ha de actuar con rapidez”.

Por otro lado, el coronel Emilio Sánchez de Rojas señaló que “si el parlamento autoriza el despliegue de las fuerzas armadas, también asume la responsabilidad de la misión. La autorización del parlamento respalda y aporta una legitimidad a la misión”. Sánchez Rojas abordó la posibilidad de extender la intervención del parlamento a los detalles de las misiones “una vez que la autorización se da, ¿cuál es su duración? Si se aprueba el despliegue de las fuerzas, ¿no debería de aprobarse su retirada?”.

Durante su intervención, Juan Diez Nicolás indicó que “en un sistema constitucional como el español, en el cual, con independencia de la Constitución,  no hay división de poderes, hablar del ejecutivo y legislativo (y posiblemente del judicial), es redundante, por lo que resulta difícil, hablar de la autorización del parlamento sobre las actuaciones de Gobierno. Se trata de una autorización retórica, innecesaria”. Por otro lado, ha destacado que “la opinión pública no ha respaldado la presencia española en diferentes escenarios de conflicto, con una excepción, la misión en Bosnia, que fue presentada como una misión de paz y reconstrucción. Existe una alta valoración de las fuerzas armadas, pero no de las misiones”.

El contralmirante Buenaventura López Rodríguez subrayó  “las diferentes posturas de países de Occidente frente a esta cuestión, que van desde el estricto control de países como Dinamarca, Alemania, Irlanda o Eslovenia, donde el gobierno tiene que buscar la previa autorización del parlamento; hasta la máxima libertad de acción del gobierno, como es el caso de EE.UU, Reino Unido, Francia o Polonia, donde el gobierno no está obligado a involucrar al parlamento en el proceso de toma de decisión; pasando por aquellos países que contemplan excepciones a la previa autorización, donde se encuentra España, Italia u Holanda”. López Rodríguez respaldó “la existencia de un control parlamentario, sin convertirlo en un encorsetamiento para las decisiones del Gobierno, sino dando flexibilidad al ejecutivo para que actúe en consecuencia. El control del parlamento es hablar del concepto, la oportunidad y la legalidad de la operación, pero nada más”.

Francisco Javier Fiol Gómez manifestó que “las operaciones militares son muy sensibles al tiempo, no se pueden establecer procedimientos que influyan directamente en la actuación militar y provoquen un retraso. El parlamento puede aprobar la operación, pero no se debe extender a los detalles de la misión: número de efectivos, partida presupuestaria, estrategia de actuación...porque lleva a una ineficacia de la misión”.

Por último, Jose Maria Román subrayó que “el ciudadano recibe por un lado, la información generada por el ejecutivo, y por otro, la información mediática, que resalta los aspectos dramáticos. Estas dos fuentes dan un tratamiento opuesto a la información, por lo que sería beneficioso disponer de información equilibrada y recabarla es el papel que debería jugar el Congreso”. Por esta razón defiende “la necesidad de equilibrar la necesidad de informar y autorizar y la de dar un respaldo al Gobierno. Una vez aprobada la misión la responsabilidad de la gestión de la misión, dentro de los términos autorizados, corresponde al ejecutivo”.