Comprar el medio
ambiente (Emilio CHUVIECO / Universidad de Maryland (Universidad de Alcalá)
Fundación Ciudadanía y Valores)
VOTE ESTA NOTICIA
En
la línea del impacto mediático que causó en su momento la película de Al Gore
sobre el cambio climático, nos apuntamos ahora al reconocimiento del político,
conferencista americano, concediéndole el premio Príncipe de Asturias a la
Cooperación internacional. Llevo tantos años trabajando en temas ambientales que
espero no ser sospechoso de pertenecer al denostado grupo de los
«climato-escépticos». Ahora bien, en éste como en tantos temas ambientales, una
cosa es aceptar unos principios, y otra practicarlos, y otra muy distinta es
hacer algo eficaz para que los problemas se solucionen. Parece que criticar
la postura de EEUU al no ratificar el protocolo de Kyoto se ha convertido en uno
de los deportes preferidos del europeo metido a ambientólogo, pero otra cosa muy
distinta es que nuestras cifras de emisiones sen mejores que las del gigante
americano. Ciertamente el gobierno federal se ha negado a ratificar al
acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
pero a la vez ha desarrollado algunas políticas, ciertamente tímidas, pero
eficaces, que de hecho están reduciendo las emisiones de EEUU en términos
absolutos, pese al crecimiento económico del país. Junto al impulso del etanol y
otras medidas de eficiencia energética, no hay que olvidar la legislación de
algunos gobiernos locales y estados, singularmente California, que ha aceptado
sin ambages el protocolo de Kyoto. La diferencia entre este país y el nuestro es
que cuando se firma un compromiso suele cumplirse, y precisamente por no estar
convencidos de cumplirlo no lo firmaron. Nosotros sí lo hicimos, pero España
está ahora mismo casi el 50% de las emisiones de 1990 (un 35% por encima de las
permitidas en Kyoto). La solución para nuestro gobierno es compensar esas
emisiones con adquisición de derechos de emisión. En pocas palabras, esto
significa que nosotros no estamos dispuestos a ser más limpios y les vendemos
nuestra basura a los demás. Se calcula que la desviación de Kyoto nos costará en
torno a 40 millones de euros. A mi modo de ver, el problema no es esa inversión,
sino que consagremos una política donde compense pagar antes que cumplir la ley:
lo mismo que hacen las industrias más contaminantes. Lamentablemente ésta es
también la postura personal de Al Gore, quien consume 20 veces más energía que
la media de un hogar estadounidense (ya mucho más elevada que la nuestra, por
cierto), adquiriendo bonos de emisión para compensar el exceso. En mi
opinión, el problema de fondo es que si estamos de acuerdo en que la solución de
fondo al cambio climático es alterar la estructura económica existente, asociada
en buena parte al despilfarro de los recursos naturales, es imprescindible que
seamos consecuentes con ese planteamiento y cambiemos también algunos hábitos de
vida. Es muy sencillo dar consejos, más difícil cambiar modos de vivir que no
son a la larga sostenibles. Cumplir las metas de Kyoto supondrá en España
hacer algo más que declaraciones de buenas intenciones. A tres años de la toma
de posesión del actual gobierno, parece obvio que no están los temas ambientales
-una vez más- en lo más alto de las prioridades. Como ejemplo de este
desinterés, podemos hacer referencia a la fiscalidad de los coches híbridos, que
podrían suponer una pequeña, pero significativa parte de la reducción de
emisiones, también por el efecto educativo que tienen. En España cuestan un 35%
más que en EEUU y apenas algunas comunidades autónomas se animan a introducir
incentivos fiscales para su adquisición. Una apuesta más atrevida por parte del
gobierno central podría dar un sensible desarrollo a este mercado, claramente en
expansión en los países más avanzados.
Queda terminantemente prohibida
la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de diariodeibiza.es. Así
mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo
32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.